Las desventajas del actual sistema de impuestos – El Impuesto Único – nº 56 – Agosto 1916

 

El agravio fundamental del actual sistema de impuestos es la creencia de que los gastos públicos pueden pagarse lícitamente interviniendo en las ganancias de los particulares.

Estas barbaridad nace de la ceguera que impide ver que la comunidad tiene su renta propia que es la renta de la tierra sin mejoras o sea el valor que toma la tierra por su sitio o condiciones de proximidad a centros de comercio y población, por haberse ejecutado obras públicas, por el desarrollo de los medios de transporte y por variadas ventajas naturales.

En este valor no se incluye el de cualquier mejora en, sobre o bajo la tierra o sea que no se incluye el valor que a un cierto terreno le den el capital o trabajo en él empleados; pero sí se le incluye el valor de las concesiones de servicios públicos. Dicho valor es relativamente muy pequeño cuando se trata de terrenos destinados a la agricultura y muy elevado en los terrenos urbanos.

Este gran capital que técnicamente se llama renta de la tierra mide el beneficio que hace la sociedad a los terratenientes, por eso puede llamarse propiamente valor público porque es creado por el público. Es, con toda justicia, una propiedad pública destinada por la naturaleza a pagar con ella los gastos públicos del mismo modo que cada individuo debe pagarse sus gastos con lo que individualmente gana.

Su rendimiento anual tiene todas las características de una renta pública autonómica excepto el que no entra por sí sola en las arcas del Tesoro público. Fluye a la vista de todos y es el valor que más fácilmente y más exactamente se averigua: pero nuestras bárbaras leyes permiten que lo recojan los terratenientes, agravio social solo comparable al que permitía que las ganancias del esclavo las recogiese el amo.

Lo que necesitamos hacer para corregir este funesto error es, sencillamente, ir gravando el valor de la tierra hasta absorber la renta de la tierra e ir suprimiendo al mismo tiempo toda clase de impuestos y contribuciones hasta que no quede más que aquel sobre el valor de la tierra.

La principal objeción que a este sistema se opone es la de que con este valor no habría bastante para sostener los gastos públicos. Los que estos dicen no tienen en cuenta el enorme valor que alcanza la tierra en las ciudades; pero además, no hay más que fijarse en que si hoy la industria sostiene al Gobierno y a los propietarios con mayor razón sostendrán solo al primero.

Nótese cuidadosamente que no es que el valor de la tierra deba ingresar en el Tesoro público porque no lo ganan los propietarios sino porque es creado y ganado por el público. Esta advertencia es útil porque se escapa a muchos defensores del Impuesto único que dejan la puerta así abierta a ociosas discusiones y oscurecen el concepto.

 

 

El modo de acabar con el parasitismo

Una vez abolidas las leyes que permiten la usurpación del valor de la tierra por los particulares y llevado este fondo público al Tesoro, como es de justicia, desaparecería la confiscación de la verdadera propiedad privada, o sean las ganancias de los individuos, que hoy se practica con el disfraz de impuestos o contribuciones. La abolición de estos dos sistemas legales de confiscación: el de los propietarios a la comunidad y el del Estado al trabajo, nos libraría de la succión de la burocracia y la elegante piratería de la plutocracia que el proteccionismo engendra, así como de las exacciones de las Compañías que explotan concesiones de servicios públicos.

Para muchos el objetivo principal es «hacer dinero» dentro o fuera de la ley. De aquí que la moral pública se halle en el caos lo que hace imposible hallar la mano directora de la corrupción, tanto en los negocios como en la política. Hasta que el público no aprenda a distinguir la propiedad privada de la colectiva y a respetar ambas, no puede esperarse de los individuos que las respeten.

Aboliendo el despojo se aliviará de cargas a la industria

El actual sistema de impuestos obra como una transfusión de sangre que se hiciera a un hombre mientras se dejara escapar su propia sangre por una abertura, inadvertida, en el costado.

Pero ya hemos descubierto esta abertura y estamos dispuestos a cerrarla dejando al paciente que aproveche su propia sangre tanto para beneficio suyo como para el de todos aquellos de quienes se saca la sangre de la transfusión.

Esta transfusión desaparecerá al desaparecer la necesidad y esta necesidad irá desapareciendo a medida que vayamos impidiendo que los individuos detenten los causales públicos, lo que s ele impedirá por medio del impuesto único.

Con esta sencilla reforma no habría para que imponer contribuciones a la edificación, a las fábricas, industrias, almacenes, mercancías, ganadería, capitales y ganancias; ni, en una palabra, a nada que signifique capital, trabajo o sus productos.

Progresos de esta reforma tributaria

El reconocimiento de que el valor de la tierra es un cauda pública, va consignándose en medidas legislativas desde hace pocos años, no solamente en Australia, Nueza Zelanda, Canadá, sino también en el Japón, Alemania y los Estado Unidos.

En Inglaterra, estas medidas hicieron famoso en todo el orbe al Ministro Lloyd George en 1909. Tres años más tarde el órgano de los conservadores «Pall Mall Gazette» decía: «El partido de los Unionistas debe pensar en alguna política territorial práctica y equitativa para contrarrestar la tendencia de los liberales hacia el impuesto sobre el valor del suelo.»

Es cierto que la burocracia, los partidos políticos y los «técnicos» petulantes que no atienden más que a lo que los juzgan de inmediata realización, a penas si han advertido estos progresos, desdeñan este movimiento y aun le escarnecen y le combaten.

Pero el público que ve el fracaso de su obra y consejo, ansía seguir los de los otros directores sin compromisos y de miras más amplias y nobles. El público está aprendiendo, lenta pero seguramente, que la propiedad de la tierra debe de ser común y pronto lo hará patente con sus votos.

La funesta doctrina de que todo ciudadano debe contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado. Males que acarrea

El agravio gemelo al de dejar de considerar el valor de la tierra como caudal público es la proclamación de que todo impuesto es justificable siempre que se establezca en proporción a los haberes de cada individuo.

Esta doctrina corriente de la «capacidad de pagar» de cada uno es altamente inmoral porque no distingue entre los haberes procedentes de haber servido al público y lo que tienen su origen en haber robado al público. Además produce los siguientes males: desgrava y fomenta el privilegio; grava y refrena la industria; hace de los Presupuestos del Estado un sistema de caridad pública obligatoria en vez de ser la honrada y digna recaudación de la renta pública natural. Cuanto más consiga su objeto sacando fondos en proporción a los haberes debidos a la industria, más se convierte en un sistema de expoliación grosera, o si se prefiere en otros términos, de caridad obligatoria.

Este sistema por muy legal que sea es desmoralizador pues produce tal confusión de pensamientos que lleva a recomendar como beneficiosos, impuestos como los de utilidades y herencias; sobre el capital y sobre toda clase de propiedad privada cuya seguridad queda así socavada, seguridad que hoy más que nunca se debe fortalecer en vez de debilitar.

El haberse aceptado tan fácilmente esta doctrina de la proporcionalidad se debe a que detrás de ella hay algo de verdad. Evidentemente ningún sistema de impuestos puede rehuir la condición de proporcionalidad. El funesto fracaso del actual sistema se debe principalmente a que al establecerse resulta que cae con espantosa desproporción sobre los pobres, burlando precisamente el principio fundamental con que quiere justificarse.

En cambio si recurrimos al impuesto sobre el valor de la tierra veremos que es el único y largamente deseado impuesto que recae en proporción a las espaldas que lo han de soportar.

El impuesto sobre el valor de la tierra desnuda de mejoras es en primer término suficientemente justificable como contribución proporcional a los beneficios que otorga la sociedad. Es, sencillamente un pago en proporción a la obligación de pagar. Actualmente estos valores se los guardan los propietarios. Si abolimos todos los impuestos dejando solo este, se pondría el Presupuesto nacional sobre la base correcta y firme de la obligación de pagar por el valor recibido en vez de estar solo sobre la de la proporcionalidad de los haberes. Pero es que además estaría también de acuerdo con este principio que es justificable desde el punto de vista social y ético, porque la posesión de la tierra o la de concesiones de servicios públicos, lleva consigo implícitamente la capacidad de pagar en la misma proporción que lleva la de la obligación de pagar, así como todo arrendamiento lleva consigo tanto la capacidad como la obligación de pagar la renta.

Las enormes fortunas a que apuntan los impuestos sobre la herencia y sobre las utilidades o rentas privadas con alguna razón, tienen su origen en alguna facultad de apropiarse el valor de la tierra. Se comprende, pues, que son ineludiblemente alcanzadas por este impuesto en la extensión en que deban ser justamente gravadas por impuesto alguno.

Necesidad de establecer el Impuesto Único

Hemos visto como el impuesto único reúne las dos condiciones de cumplir con los dictados de los buenos sentimientos de que ha de recaer en proporción a la capacidad de pagar y con los inexorables de la moralidad de que ha de recaer en proporción a la obligación de pagar.

Entre los muchos méritos de este sistema se pueden citar algunos más como los siguientes:

Al recaudar por el impuesto este valor público se formaría una clara y firme noción de lo que es propiedad pública para distinguirlo en todo momento de lo que es propiedad privada. Este impuesto ni puede defraudarse ni endosarse; se tasa y recauda con el mínimo de gastos y sin recurrir a procedimientos inquisitoriales, exactamente y con la necesaria equidad.

Ved un impuesto que tiene todas las cualidades que se atribuyen al impuesto sobre la utilidades o rentas privadas y sobre las herencias sin tener ninguno de los inconvenientes de estos. Tendríamos un impuesto que sin gravar o multar la industria y el ahorro o cualquier muestra de la honrada actividad, aboliría el agravio social de retener tierras valiosas sin explotar o a medio uso, agravio que fomenta extraordinariamente el actual sistema de impuestos.

El efecto en la Agricultura

Todos aquellos propietarios que explotando sus tierras al máximum de rendimiento, tuvieran que pagar más contribuciones por el solar o tierra desnuda de mejoras, se encontrarían compensados por la desgravación de los edificios y de toda clase de mejoras así como por la supresión de todos los demás impuestos sobre el trabajo, las mercancías, el transporte, el consumo, etc., etc. No digamos nada de la parte que le correspondería en la general prosperidad que se seguiría.

Pero en la mayoría de los casos se encontrarán los propietarios que explotan sus tierras al máximum, que la contribución territorial, lejos de aumentar, sería menor que la actual puesto que hoy se gravan la tierra y las mejoras, el producto, el trabajo y el capital.

Hay que citar expresamente la industria de la agricultura por es muy corriente confundir el impuesto sobre el valor de la tierra con un impuesto sobre la tierra (tanto por pié, por metro cuadrado o por hectárea) con lo que muchos labradores que poseen grandes extensiones creen que quedarían arruinador por el nuevo sistema. Descarriados por este error tan lamentable, se oponen, naturalmente, con todas sus fuerzas a la reforma tributaria. Unos caen pronto de su error pero otros se atrincheran en él con feroz egoísmo y es necesario sacarles de su error tanto para su propio bien como para el bien general.

La reforma necesita los votos de los labradores tanto como ellos están necesitados de la reforma. Su ventaja comparada con los demás trabajadores la verán clara cuando consideren cuan poco vale la tierra agrícola sin mejoras comparada con los solares de las grandes urbes. Nótese también que hablamos de los que explotan directamente sus tierras, no de los de los absentistas que las arriendan ni de los intermediarios que las subarriendas. Para todos estos que no son más que especuladores la cosa es muy diferente.

El efecto en toda clase de trabajadores

En cuanto a los demás trabajadores su ventaja en el cambio de sistema es mucho más patente. Como poseen poca o ninguna tierra no hay caso para la confusión que incurre el labrador. Como inquilino (que es el caso general) pagará, naturalmente, el impuesto por la tierra que ocupa, como lo hace actualmente al pagar el alquiler que es todo lo que puede sacarle el propietario por lo que está seguro que no podrá aumentarlo ninguna reforma.

El impuesto único obligará al propietario a entregar al Tesoro una parte mayor que la que actualmente entrega del valor de la tierra que como hemos visto es un caudal público; por otra parte hará bajar los alquileres considerablemente por el aumento de edificación que sobrevendría al desgravar los edificios y al entrar en explotación tanto solar vacante. Añádase a esto que no habría que pagar nada por consumos, transportes, alumbrado, ni en fin, ninguna clase de impuestos o contribuciones y se verá claramente que nada más que beneficios pueden cosecharse.

Pero además de todo esto, tanto los trabajadores del campo como los de la ciudad ganarían mucho más por el aumento de demanda de trabajo y el consiguiente aumento de toda clase de salarios y jornales al entrar en explotación tanta tierra valiosa que hoy se retiene vacante o a medio uso. Con esta reforma se acabaría la ventaja de que disfrutan los que se llevan la parte del león, o sea aquellos individuos que no tienen otro título de contribuir al avance social más que el de propiedad de la tierra en que otros trabajan.

Los que se quejan

Las únicas personas que verían disminuidos sus ingresos (aunque temporalmente) al sustituir todos los impuestos por el impuesto sobre el valor de la tierra serán las pocas cuyos ingresos se derivan preferentemente del derecho antinatural de vivir de los fondos públicos o aquellos que persistieran en agraviar a la sociedad impidiendo que sus tierras se exploten al máximum de rendimiento.

No hay porqué temer al periodo de transición

Este periodo como el de convalecencia tiene que parar en buen resultado y así se verá por los que lo comprendan excepto, quizás, por aquellos que prefieran la vida enferma económicamente hablando y persistan en su empeño de ser servidos y mantenidos por otros.

Puede predecirse con seguridad que el público, que suele ser bondadoso, clemente y olvidadizo no volverá a tolerar la carga de sufrimientos que ahora soportan los explotados al par que industriosos trabajadores.

Recapitulación

El valor de la tierra es un producto social. Justamente constituye una propiedad pública, puesto que es un valor creado y mantenido por el público; por consiguiente debe ser recolectado por el público y gastado en usos comunes. Para realizar esto no hay más que convertirlo en el capítulo único de ingresos de los Presupuestos de la Nación, de la Provincia y del Municipio.

Entresacamos dos de las innumerables ventajas que se seguirían; se tendría un sistema racional de impuestos se logrará el mayor respeto para los verdaderos derechos de propiedad tanto pública como privada.

Considerando solo está última ventaja, bien merece que hagamos el cambio de sistema.

Lewis Jerome Johnson