La causa raíz de la pobreza!

Dos personas llegan a una pequeña isla al mismo tiempo . Cada una de ellas de un lado. Desgraciadamente no hay más que una fuente de agua para beber y está en uno de los lados. Dos opciones son posibles: las dos personas comparten la fuente ya que las dos tienen la misma necesidad de agua. Segunda opción, la persona del lado de la fuente da acceso a la otra persona solamente  a cambio de un servicio (trabajo).

La segunda opción: es la opción que existe hoy en dia entre nosotros, existe desde que algunos grupos de humanos decidieron ser sedentarios y apropiarse de los recursos naturales y de la tierra en detrimento del resto de seres humanos, cuando esto sucede, es el comienzo de la desigualdad en La tierra y esta, es la verdadera causa de la pobreza.

El problema no es el ser sedentario, el problema es que no hemos entendido cómo compartir y cómo respetar los derechos a la tierra y a recursos que todos tenemos en el momento de nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte. Ni el capitalismo es un problema, ni el sistema fraccionario bancario.

El problema es la expoliation de la tierra y los recursos naturales sin la puesta en marcha de un instrumento para la reparacion de esta expoliation hacia los otros miembros de la sociedad .

Para volver a la isla y las dos persona, la persona que no tiene derecho al acceso al agua se convierte en esclavo de la otra persona que le ha impedido el acceso libre y legitimo a esta.

El instrumento de reparacion de esta situacion es El Impuesto Unico a la renta de la tierra y sobre los recursos naturales; esto es mucho más que simplemente cambiar nuestro sistema de imposición y de financiación de las necesidades comunes, es sin duda la manera de acabar con la pobreza (y de una buena parte de la violencia.)

Quien sería capaz de impedir que alguien pueda beber e incluso saque provecho de la situación para su beneficio personal y egoista?

El derecho al uso de la tierra – Democracia contra Socialismo – Max Hirsch

 

 

Siendo el área superficial seca de la Tierra el único medio por el cual la Naturaleza externa se hace accesible al hombre; no sólo su residencia y basamento, sino también el medio por el cual tiene acceso a todas las materias que, mediante el ejercicio de sus facultades, transforma en objetos adecuados para satisfacer sus deseos y sustentas su vida, claro está que la libertad para usar la tierra es condición indispensable del ejercicio de las facultades humanas y del mantenimiento de su vida. De aquí que el derecho al uso de la tierra sea un derecho natural cuya negación implica la negación del derecho al ejercicio de toda facultad, esto es: la negación del derecho a la vida.

Limitado el derecho de cada uno al ejercicio de sus facultades solamente por el derecho igual de cada uno de los demás y dependiendo el ejercicio de cada facultad del uso de la tierra, síguese que el derecho de cada vual al uso de la tierra está limitado únicamente por el derecho igual de cada uno de los demás. El derecho natural al uso de la tierra es, por consiguiente, un derecho igual inherente a todos. Si solo hubiese un hombre sobre la Tierra, evidentemente sería libre de usa toda la tierra; el derecho de todo hombre sucesivo para hacer lo mismo tiene que ser igual al del primero. Esta razón no puede ser cambiada por ninguna posterior multiplicación. De todos los millones de seres que habitan actualmente la Tierra, cada hombre es libre para usar toda la tierra o cualquier parte de ella con tal de que no infrinja el derecho igual de cualquier otro. E inversamente, es igualmente verdad que ninguno de ellos puede usar la tierra de tal modo que impida a cualquier otro hacer un uso análogo. Porque hacer eso implica reclamar para el ejercicio de sus facultades mayores oportunidades de las que pueden disfrutar los demás.

La tierra, por consiguiente, es propiedad común de todos los hombres –propiedad común de todos los hombres vivientes ahora, sometida a los iguales derechos de todas las generaciones venideras. Porque exactamente lo mismo que los seres humanos ahora vivientes necesitan usar la tierra para ejercitar sus facultades y sustentas sus vidas, las generaciones humanas sucesoras lo necesitarán para sustentas las suyas. El niño que nazca mañana o en el año próximo o en el siglo venidero tendrá, por consiguiente, a su vez, el mismo derecho a luso de la tierra que cualquiera de los que ahora habitan el mundo. Ningún arreglo hecho, ni siquiera por concierto de todos los seres vivientes, puede privar a ningún miembro de ninguna generación futura de sus derechos iguales al uso de la tierra. Porque tal arreglo, si fuera impuesto, agravaría la ley de la libertad igual, privaría a algunos de sus derechos a una oportunidad igual para el ejercicio de sus facultades y mantenimiento de sus vidas, atropellaría la ley de que cada adulto experimenta las consecuencias de sus propios actos y haría todo esto por decreto de alguna generación pasada convertida en dueña de todas las sucesivas generaciones.

La justicia, por consiguiente, condena la propiedad privada de la tierra. Porque si una porción de la superficie terrestre, aunque sea pequeña, puede convertirse justamente en propiedad privada, todas las porciones podrían igualmente ser convertidas en propiedad privada y, por consecuencia, el conjunto de la tierra puede ser hecho propiedad privada de algunos hombres. Así como la propiedad privada de una porción de la tierra implica el derecho al exclusivo uso de esta porción, la propiedad privada de toda la tierra implicaría igualmente el derecho al uso exclusivo del conjunto de la tierra. Todos los no propietarios, en estas condiciones, carecerían de derechos al uso de ninguna parte de la tierra, no tendrían derecho a vivir sobre ella. Estando aquí, únicamente, por tolerancia, pendientes del permiso de los propietarios para hallar una oportunidad con que sustentas sus vidas, los propietarios podrían negarles dicho permiso sin ninguna infracción de la justicia. Como simples intrusos en la tierra, los propietarios de la tierra podrían justamente arrojarlos de la tierra, esto es: condenarlos a la muerte inmediata. Si, pues, justamente toda la tierra puede ser propiedad privada –proposición que va contenida en la afirmación de que una parte de ella puede ser hecha propiedad privada- niégase la ley de la libertad igual. Porque aun cuando los propietarios de la tierra permitiesen habitualmente su uso a todos los demás, los últimos no tendrían derecho alguno a dicho uso; dependerían de ese permiso para el ejercicio de sus facultades y el mantenimiento de sus vidas. Notoriamente aquellos que necesitan el permiso de otros para el ejercicio de sus facultades y la continuación de sus vidas no pueden tener igual libertad que aquellos otros. Por lo contrario, los otros son dueños absolutos y estos esclavos sin ningún derecho.

Aunque aún no es propiedad privada toda la tierra, las más valiosas partes de ella están apropiadas. Como consecuencia, numerosos seres humanos en todos los países civilizados están privados de su derecho igual al uso de la tierra. Necesitan el permiso de otros para el uso de toda oportunidad, para ejercitar sus facultades y mantener sus vidas. Las condiciones que surgirían, si toda la tierra fuese apropiada privadamente, han surgido en la actualidad en los países civilizados por la apropiación privada de toda la tierra de tales países. Porque aun cuando en otras partes queda aún tierra no apropiada privadamente, está demasiado lejos o es demasiado poco productiva para permitir que la mayoría de los no propietarios escape a las condiciones que prevalecen en su país. En todo país civilizado la mayoría de los no propietarios, por consiguiente, está privada de sus derechos al uso de sus facultades para mantener sus vidas, mientras que entre los propietarios mismos existe la mayor disparidad de derechos. Unos pocos dueños de más o menos extensas áreas de tierra utilizable, disfrutan oportunidades que exceden mucho de lo que pudiera asignarles la equidad; la mayoría, poseyendo pequeñas áreas de corto valor, disfrutan oportunidades menos extensas de aquellas que la equidad asignaría. Lo que requiere la justicia, el reconocimiento del derecho de todos a oportunidades iguales en el ejercicio de sus facultades respectivas, está absolutamente negado en todos los países civilizados.

Esta negación de la justicia, esta derogación de los derechos fundamentales, ha surgido, existe y continúa existiendo no a pesar del Estado, sino mediante la directa acción del Estado. Como demostraremos en el próximo capítulo, el Estado, por un persistente proceso de fuerza y de fraude, ha creado la propiedad privada de la tierra y ahora la mantiene por la fuerza. Donde la policía y el ejército no están prontos a mantener las pretensiones de los propietarios privados, la institución de la propiedad privada no se mantiene por sí misma. Los hombres que cultivan o de alguna otra manera usan la tierra no pagarían durante mucho tiempo a otros por el privilegio de usarla, si el Estado no los obligase. Aún menos habría hombres que, buscando oportunidades para sustentas sus vidas, respetasen vastas áreas de tierra utilizable que permanecen sin usar mientras ellos perecen de inanición.

El Estado, por consiguiente, no sólo es culpable por desdeñar uno de sus fundamentales deberes impidiendo que la propiedad privada de la tierra continúe, sino que comete la injusticia positiva de mantener esa injusta condición. Sin embargo, como el deber primario del Estado es mantener la justicia, impedir toda infracción de los derechos iguales de todos sus miembros, el Estado tiene la obligación de forjar e imponer reglas que salvaguarden el derecho igual de cada uno de sus miembros al uso de la tierra nacional. No sería difícil hacerlo. La oportunidad que cada pedazo de tierra ofrece para el ejercicio de las facultades se mide por su valor; el producto del ejercicio de las facultades sobre cualquier pedazo de tierra se mide por el valor de dicho producto menos el valor en renta de tal tierra. No teniendo valor en renta, bajo condiciones naturales, la tierra que ofrece menos valiosas oportunidades entre la que puede utilizarse, el valor en renta de toda tierra superior es la medida de la oportunidad superior inherente a ella. El Estado, al tomar para fines comunes el valor anual en renta de toda la tierra, igualaría todas las oportunidades naturales y mantendría el derecho igual de todos al uso de la tierra. Todos tendrían una oportunidad igual para usar cualquier parte de la tierra y aquéllos que obtuvieran el privilegio de usar oportunidades superiores pagarían a los demás plena compensación por el especial privilegio a ellos concedido.

Un ejemplo aclarará esto: Un padre deja a sus tres hijos en común una propiedad consistente en tres casas de desigual valor. Cada uno de los hijos necesita habitar una de las casas, y surge la cuestión de cómo ha de mantenerse el común derecho de los tres, al propio tiempo que se le otorga a cada uno el uso de una casa. Lo solucionan de esta manera: Cada uno de ellos hace una oferta de la renta que pagará por el uso de una o más de las casas. Al comenzar las ofertas se halla que la renta más alta ofrecida por la casa más amplia es de 150 libras, y ha sido hecha por el mayor. A este, por consiguiente, se le concede el uso de dicha casa. El hermano siguiente ofrece la más alta renta por la segunda casa: 100 libras, mientras que el más joven ha ofrecido una renta de 50 por la casa más pequeña. Se les ha concedido, por consiguiente, el uso de dichas respectivas casas. La renta de las tres casas, 300 libras en total, se coloca en un fondo común y se divide igualmente entre los tres, recibiendo cada uno de ellos 100. Patentemente, este procedimiento pone a salvo el derecho igual de todos ellos sin ninguna limitación de la libertad de cada uno.

Que el derecho igual de todos los miembros del Estado al uso de la tierra puede igualmente salvaguardarse, que tal sistema puede ser aplicado sin que el Estado imponga limitación ninguna al uso individual de la tierra y manteniendo plenamente la propiedad individual de toda mejora hecha sobre la tierra se verá por entero en la Parte V, cuanto tratemos de lo que es conocido como el Impuesto Único. A nuestro propósito actual basta con haber demostrado que la justicia no puede admitir ninguna propiedad privada de la tierra y que imperativamente demanda que el Estado restaure a cada uno de sus miembros en su inherente e igual derecho natural al uso de la tierra.

 

Henry George y el Socialismo –El Impuesto Único – nº 81 – Septiembre 1918

 

Imaginemos un conjunto de hombre en el cual se intentara asegurar, por la dirección externa propuesta por las teorías socialistas, esta división del trabajo que surge naturalmente en la sociedad donde los hombres son libres. Para la inteligente dirección que esto necesita tiene que elegirse un hombre o un grupo de hombres selectos, porque aun cuando haya ángeles y arcángeles en el mundo invisible para nosotros, no están a nuestra disposición. Prescindiendo de las dificultades que la práctica universal enseña de depositarios del poder, e ignorando la inevitable tendencia hacia la tiranía o la opresión de los que mandan sobre los actos de otros, considerando simplemente, aunque los más sabios y mejores de los hombres fueran elegidos para tales fines, la tarea que pesaría sobre ellos para ordenar cuándo, cómo, dónde y por quién, que implicaría la dirección inteligente y la supervisión de las relaciones y ajustes casi infinitamente complejos y constantemente cambiantes que entrañaría una división del trabajo tal como la que hoy existe en una sociedad civilizada. Esto evidentemente está tan fuera de la capacidad de una dirección consciente como la correlación de los procesos que mantienen el cuerpo humano en salud y vigor están sobre este. Continúa leyendo Henry George y el Socialismo –El Impuesto Único – nº 81 – Septiembre 1918

¿El jornal mínimo o el impuesto sobre el valor del suelo? – El Impuesto Único – nº 26 – Febrero 1914

Cuando una cuestión como la del «jornal mínimo» surge en el terreno de la polémica, todo el mundo se asombra ante la declarada actitud de aquellos que oponen, como alternativa, la cuestión del impuesto sobre el valor del suelo. No hay duda alguna que tal actitud requiere cierta explicación, y yo me propongo en las presentes líneas explicar este asunto. Continúa leyendo ¿El jornal mínimo o el impuesto sobre el valor del suelo? – El Impuesto Único – nº 26 – Febrero 1914

Proudhon y la cuestión de la renta de la tierra

Pierre-Joseph Proudhon es conocido por su declaración más provocativa, “La propiedad es un robo”, sostenida en su libro ¿Qué es la propiedad? (1840).
En economía, Proudhon era algo excéntrico; pero en sus conceptos sobre los fundamentos éticos de la propiedad de la tierra, fue brillante. Su premisa moral era la igualdad moral de los seres humanos. Declaró que él no estaba proponiendo cualquier sistema político, sino uno que ponga fin a los privilegios y que establezca la igualdad de derechos para todos, o sea nada más que un sistema político que asegure la justicia. Continúa leyendo Proudhon y la cuestión de la renta de la tierra

Las funciones del gobierno – XVII capítulo de “Problemas Sociales”, por Henry George

 
Para impedir que un gobierno se haga corrupto y tirano, su organización y procedimiento tiene que ser tan sencillos como sea posible, sus funciones circunscribirse a las necesarias para el común bienestar, y en todas sus partes ha de mantenerse tan cerca del pueblo y tan directamente sujeto al contrôle de este como pueda ser.

Nosotros hemos desconocido estos principios de muchas maneras, y el resultado ha sido la corrupción y la desmoralización, la pérdida del contrlôle por el pueblo y la prevaricación del gobierno para beneficiar a unos pocos y para expoliar a muchos. El camino de la reforma, por un lado al menos, consiste en la simplificación.

El primero y principal propósito del gobierno está admirablemente establecido en aquel gran documento que nosotros, los americanos, tanto honramos y tanto ignoramos: la Declaración de Independencia. Es: asegurar a los hombres aquellos iguales e inalienables derechos con que el Creador los ha dotado. Después expondré cómo la adopción de aquel único medio por el cual puede ser asegurado el primero de estos inalienables derechos –el derecho igual a la tierra- en una sociedad civilizada y progresiva simplificará al mismo tiempo grandemente el gobierno y eliminará las influencias corruptoras. Y más allá de esto, es posible gran simplificación y debiera procurarse donde quiera sea posible obtenerla. Como la corrupción política hace más fácil resistir la petición de reformas, cuanto pueda hacerse por purificar la política y someter los gobiernos a la intrigante inspección y controlê del pueblo no es tan sólo en sí mismo un fin que procurar, sino un medio para mayores fines.

La República americana no necesita para su ornato una escuadra más que un pacífico gigante necesitaría una maza de estopa o una espada de latón. La sostenemos tan sólo a causa de los oficiales de marina y de las asociaciones navales. En la paz es una fuente de gastos y de corrupciones; en guerra sería inútil. Nosotros somos demasiado fuertes para que ningún poder extranjero osara atacarnos. Nosotros debemos ser demasiado grandes para osar atacar a otros. Si alguna vez nos viésemos obligados a la guerra, podríamos confiar seguros en la ciencia y en la inventiva que van dejando anticuadas las naves, más de prisa de lo que éstas pueden ser construidas.

Así ocurre también con nuestro ejército. Todo lo que nosotros necesitamos, si es que ahora necesitamos algo, es una pequeña fuerza de política de fronteras como la mantenida en Australia y Canadá. Escuadras y ejércitos permanentes son incompatibles con el genio de la democracia, y nuestro orgullo debiera ser, como es nuestro deber, mostrar al mundo que la gran República puede prescindir de ambos. Y en la organización, como en la teoría, ambos –nuestra escuadra y nuestro ejército- repugnan a la idea democrática. En ambos mantenemos aquella distinción entre los oficiales y los soldados y marineros comunes que nacieron en Europa cuando la nobleza que suministraba los unos era considerada como una raza superior a los siervos y campesinos que proporcionaban los otros. El sistema, en su conjunto, es un insulto a la democracia y debiera desaparecer.

Nuestro sistema diplomático, asimismo, está servilmente copiado de los usos de los reyes que se concertaban contra las libertades de los pueblos antes de que el buque de vapor y el telégrafo fuesen inventados. No sirven para ningún fin, salvo el de recompensar a los políticos y algunas veces para desmoralizar a algún poeta. Abolirlo sería evitar gastos, corrupciones y menoscabo a la dignidad nacional.

En la administración de justicia hay gran campo para una reforma radical. Aquí también hemos copiado servilmente los procedimientos ingleses de su clase, a tal punto que la justicia es un juego costoso para los pobres que no pueden pagarla. El mejor uso que podríamos hacer de nuestras grandes colecciones jurídicas a las cuales los reports de los 38 Estados, de los tribunales federales y de los tribunales ingleses, escoceses e irlandeses va añadiendo cada año volúmenes, sería enviarlos a las fábricas de papel y adoptar tales principios y procedimientos que redujeran nuestra gran ejército de abogados por lo menos al nivel de Francia. Al mismo tiempo nuestras colecciones legislativas están llenas de leyes que podrían ser barridas con provecho. No es oficio del gobierno hacer a los hombres virtuosos o religiosos, o preservar a los locos de las consecuencias de su propia locura. El gobierno no debe reprimir sino lo necesario para asegurar la libertad, protegiendo los iguales derechos de cada uno contra agresiones de los otros; y las prohibiciones gubernamentales que van más allá de esta linde, amenazan destruir aquellos mismos fines que se proponían preservar. Porque así como la tendencia de las leyes que prohíben o mandan lo que el sentido moral no prohíbe ni manda es poner la ley en discusión y producir hipocresía y fraude, así los conatos de traer la ley en ayuda de la moral, en cuanto a aquellos actos y relaciones que no implican abiertamente una violación de la libertad de los demás, es debilitar más bien que fortaleces los influjos morales; hacer la medida de lo justo y de lo injusto una materia legar y permitir que aquel que hábilmente pueda escapar al castigo de la ley, eluda todo castigo. Así, por ejemplo, no puede caber duda de que el nivel de la honradez mercantil sería mucho más alto i no hubiese leyes para la exacción de las deudas. En materia de esta índole, el bribón se mantiene dentro de la ley o elude la ley, mientras que la existencia de un nivel legar reduce el nivel moral y debilita la sanción pública.

Restricciones, prohibiciones, intervenciones en la libertad de acción en sí mismas inofensivas, son dañosas en su naturaleza, y aunque alguna vez puedan ser necesarias, lo son en su mayor parte como las medicinas que suprimen o modifican alguno de los síntomas, sin disminuir la enfermedad; y generalmente donde se piden leyes restrictivas o prohibitivas, se encuentra que aquellos males cuyo remedio se procura, se originan por restricciones previas, por alguna amputación de los derechos naturales.

Todas las tendencias del tiempo conducen a la absorción de las sociedades más pequeñas, al ensanche del área dentro de la cual la uniformidad de la ley y de la administración es necesaria o deseable. Pero por esta misma razón debemos con mayor tenacidad mantener donde sea posible el principio de la autonomía local, el principio de que en las cosas que sólo afectan al pueblo de cada subdivisión política –sean aldeas, distritos, ciudades o Estados-, legislarán para sí propios. Hemos desdeñado este principio dentro de nuestros Estados aún más que en las relaciones entre el Estado y el Gobierno nacional, e intentando gobernar las grandes ciudades por delegaciones del Estado y encomendar al Parlamento lo que propiamente pertenece a los gobernantes de condado y a las asociaciones de ciudades, hemos dividido la responsabilidad y fomentado la corrupción.

Mucho también puede hacerse para restringir el abuso de mecanismo de los partidos y que las elecciones sean la verdadera expresión de la voluntad del elector, simplificando nuestros procedimientos electorales. Y debemos tener siempre en el pensamiento un principio que hemos ignorado mucho: que el pueblo no puede dirigir el detalle ni elegir inteligentemente más que unos pocos funcionarios. Llamar al conjunto de los ciudadanos para que voten en cada elección una larga lista de candidatos, de la mayoría de los cuales no puede saber nada, a menos que se dedique a la política, es encomendar la elección a comités nominadores y sindicatos políticos. Y dividir el Poder es frecuentemente destruir la responsabilidad y provocar, no impedir la usurpación.

No puedo sino aludir brevemente a estas materias, aunque en sí misma merecen mucha atención. Es sumamente necesario simplificar el gobierno tanto como sea posible y mejorar cuanto se pueda lo que pudiera llamarse el mecanismo del gobierno, porque con el progreso de la sociedad las funciones que el gobierno tiene que asumir aumentan rápidamente. Sólo en la infancia de la sociedad pueden adecuadamente confinarse las funciones del gobierno en proveer a la común defensa y proteger al débil contra la fuerza física del fuerte. A medida que la sociedad se desarrolla en obediencia a aquella ley de la integración y de la creciente complejidad de que hablaba en el capítulo primero, se hace necesario, a fin de asegurar la igualdad, que se dicten y se impongan otras reglas, y sobre las primarias y restringidas funciones del gobierno se acumulan lo que pudiera llamarse funciones cooperativas; el rehusar asumirlas conduce, en muchos casos, a prescindir de los derechos individuales tan ciertamente como a ello conduce la asunción de funciones directivas y restrictivas que no pertenecen propiamente al gobierno.

Con la división del trabajo y la especialización de la vocación que comienza en un primer período del desarrollo social y aumenta con éste, la asunción por algunos individuos de ciertas partes de la actividad social necesariamente acarrea la exclusión de otros individuos. Así, cuando alguien abre una tienda o una posada, o establece el transporte regular de pasajeros o de mercancías, o se consagra a un especial tráfico o función de que otros necesitan, al hacer estas cosas opera de modo que impida a otros el hacerlas, y conduce a establecer hábitos y costumbres que convierten en una necesidad de los demás el recurrir a él y que inferiría a aquellos a quienes se negara este recurso una gran desventaja en comparación de otros individuos. Así, para asegurar la igualdad se hace necesario limitar la libertad de acción de tal modo que se obliga a aquellos que toman sobre sí funciones casi públicas a prestar su servicio, sin establecer distinción entre los que acuden a ellos bajo las condiciones acostumbradas. Este principio está reconocido por todas las naciones que han progresado algo en civilización, en sus leyes referentes o relativas a los transportadores habituales, porteadores, pilotos, etc.

A medida que la civilización progresa y avanza con el desenvolvimiento industrial, la concentración que resulta de la utilización de los mayores poderes y procedimientos más adelantados opera cada vez más en el sentido de restringir y excluir de la competencia y de establecer monopolios completos. Podemos ver esto mismo claramente en los ferrocarriles. No sería más que un puro despilfarro de capital y de trabajo el construir un ferrocarril paralelo a otro, y donde esto se hiciese, y aun en los que son llamados partes competidoras, la competencia es sólo transitoria. La fusión de compañías que en pocos años amenaza concentrar el conjunto del negocio ferroviario de los Estados Unidos en manos de una media docena de directores, la fusión de los ingresos y los convenios en cuanto al negocio y a la tarifa, que aun entre partes antagónicas impide la competencia, son debidas a una tendencia inherente al desarrollo del sistema ferroviario y contra la cual es inútil querellarse.

Siendo el propósito y fin primario del gobierno asegurar los derechos naturales y la igual libertad de cada uno, todo negocio que implica monopolio está dentro del necesario dominio de la regulación gubernamental, y los negocios que por su índole son monopolios completos se hacen propiamente función del Estado. A medida que la sociedad se desarrolla, el Estado tiene que asumir estas funciones con su naturaleza cooperativa a fin de asegurar los iguales derechos y la libertad de todos. Es decir, que a medida que en el proceso de la integración, el individuo se hace más y más dependiente de todos y subordinado a todos, se hace necesario al gobierno, que es propiamente el órgano social por el que el conjunto de individuos puede obrar, tomar sobre sí en interés de todos ciertas funciones que no pueden dejarse confiadamente a los individuos. Así, del principio de que el fin propio y el propósito del gobierno es asegurar los naturales derechos y la libertad del individuo, se deriva el principio de que es materia de gobierno hacer por cuenta de la masa de los individuos aquellas cosas que no pueden ser hechas o no pueden hacerse tan bien por la acción individual. Así como en la evolución de las especies el poder de la conciencia, que es la acción coordenada del conjunto, tiene que asumir una importancia relativa cada vez mayor con relación a la acción automática de las partes, así en la evolución de la sociedad tiene que ocurrir otro tanto. Esta es la verdad del sociales, la cual, aunque nos está siendo impuesta por los progreso industriales y la evolución social, tan lentamente admitimos.

En los organismos físicos sobrevienen debilidades y dolencias tanto por les excesos de las funciones como por el no uso de las funciones. De manera análoga pueden ser corrompidos los gobiernos y ocasionado el infortunio público por no asumir como función de gobierno lo que propiamente pertenece al gobierno en cuanto órgano director en el manejo de los intereses comunes, como por la injerencia del gobierno en la esfera propia de la acción individual. Podemos ver esto en nuestro propio país. En lo que intentamos hacer mediante el gobierno y lo que dejamos de hacer, somos como un hombre que confiara el suministro de la comida a los estímulos de su estómago, al par que intentase regir su digestión por obra de su voluntad; o como aquel que caminando a través de una calle repleta o por una mala senda concentrara todas sus facultades conscientes en el movimiento de sus piernas sin poner atención alguna en el sitio por donde iba.

Por ejemplo: no es materia de gobierno intervenir en la opinión que cada cual tenga acerca del Creador o en el culto que prefiera tributarle, en cuanto los ejercicios de estos derechos individuales no choquen con la libertad igual de los; y los resultados de la intervención gubernamental en este dominio han sido la hipocresía, la corrupción, la persecución y las guerras religiosas. No es materia de gobierno dirigir el empleo del trabajo y del capital o fomentar ciertas industrias a expensas de las demás industrias, y el intento de hacerlo así conduce a todos los despilfarros, pérdidas y corrupciones debidas a los aranceles protectores.

De otro lado es materia del gobierno acuñar moneda. Esto se percibe tan pronto como la gran invención economizadora de trabajo que se llama monda sustituye a la permuta. Dejar a cada cual que quiera acuñar moneda, sería originar inconvenientes y pérdidas generales, ofrecer más tentaciones a la picardía, y colocar en gran inferioridad, y colocar en gran inferioridad a las clases sociales más pobres. Estas patentes consideraciones han conducido en todas partes, a medida que se ha organizado bien la sociedad, a declarar la acuñación de moneda función exclusiva del gobierno. Cuando en el progreso de la sociedad se ha hecho posible ulteriores progresos economizadores del trabajo, sustituyendo los metales preciosos por papel como materia prima del dinero, se han fortalecido aún las razones por las que se hace función del gobierno la emisión de esta moneda. Los males ocasionados por la rapacidad bancaria en los Estados Unidos están demasiado frescos para que se necesite recordarlos. Las pérdidas e inconvenientes, las estafas y corrupciones dimanadas de la asunción por cada Estado de la Unión de la facultad de autorizar Bancos de emisión, terminaron con la guerra y nadie ahora querría renovarlas. Sin embargo, en vez de hacer aquello a que nos impelen todas las consideraciones públicas y asumir completa y plenamente como función exclusiva del Gobierno General las facultades de emitir papel moneda, los intereses privados de los banqueros nos han obligado, hasta ahora, a hacer una circulación híbrida, de la cual una gran parte, aunque garantizada por el Gobierno General, es emitida por compañías y en beneficio de éstas. Los negocios legítimos del Banco –la custodia y el préstamo de dinero, la apertura y cambio de créditos- están bien dejados a individuos y asociaciones; mas por dejarle a éstas, aun en parte y con restricciones y garantías, la emisión de moneda, el pueblo de los Estados Unidos padece una pérdida anual de millones de dólares y crecen sensiblemente las influencias que ejercen un influjo corruptos sobre el gobierno.

El principio evidente aquí puede verse aún con más vigorosa claridad en otro aspecto de la vida social.

La gran «cuestión ferroviaria» con sus peligros y perplejidades es un más vigoroso ejemplo de las malas consecuencias que resultan de que el Estado deje de asumir funciones que propiamente le pertenecen.

En rudos períodos del desenvolvimiento social y donde el gobierno, descuidando sus funciones propias, se ha ocupado en mantener innecesarias guerras e imponer restricciones nociva, la construcción y mejora de los caminos públicos se ha dejado a los individuos a quienes, para compensarles, se les permite exigir derechos. Se ha reconocido, sin embargo, desde el principio, que estos derechos estaban debidamente sometidos al controlê y regulación gubernamentales. Pero los grandes inconvenientes de este sistema, y los pesados gravámenes que, a pesar de la regulación intentada, impone a la producción, condujeron, cuando el progreso social lo hizo necesario, a que fuera asumido como un deber gubernamental la construcción y conservación de los caminos. En el curso de desarrollo social vino la invención del ferrocarril, que mezcló el negocio de construir y conservar los caminos con el negocio de transportar mercancías y pasajeros por ellos. A esto se debe, probablemente, que no se percibiera al principio que las mismas razones que hicieron necesario que el Estado construyese y mantuviese los caminos públicos, son aplicables con mayor fuerza aún a la construcción y funcionamiento de los ferrocarriles. En la Gran Bretaña y en los Estado Unidos, y con parciales excepciones en otros países, se ha dejado a las empresas privadas la construcción de ferrocarriles y a la iniciativa privada su funcionamiento. En los Estados Unidos, donde los ferrocarriles son de más importancia que en cualquier otro país del mundo, nuestra única percepción de su carácter público ha consistido en la donación de tierras y en la concesión de subvenciones, que han sido la causa de muchas corrupciones y algunas débiles tentativas para regular las tarifas.

Pero el hecho de que el sistema ferroviario en su desarrollo hasta el presente (y acaso necesariamente) asocie el transporte con la conservación de los caminos, hace absolutamente imposible la competencia y la pone más claramente aún dentro del dominio del Estado. Que esto hace de la asunción por el Estado del negocio ferroviario un asunto muy serio, no es discutible. Aun cuando fuera posible –cosa de la cual puede muy bien dudarse-, que, como alguna vez se ha propuesto, se encomendase al Estado la conservación de los caminos, dejando la circulación a las empresas privadas, aun sería una muy grave materia. Pero mírese en el aspecto que se quiera, es una de las materias más graves que pueden ser afrontadas. A medida que el individuo va pasando desde la infancia a la madurez, encuentra dificultades y acepta nuevas responsabilidades. La imprudencia de adelantarse implica daños, pero es fatal quedarse quieto. Y por grandes que sean las dificultades que entrañe la asunción de los negocios ferroviarios por el Estado, el rehusar asumirlas implica dificultades mucho mayores.

No es necesario apelar a ningún complicado razonamiento para demostrar que la propiedad y el manejo de los ferrocarriles es una función del Estado. Esto está fuera de discusión por la lógica de los sucesos y por los hechos existentes. Nada más notorio –al menos en los Estados Unidos, donde la tendencia de la moderna evolución puede verse con más claridad que en Europa- que la unión del negocio ferroviario con las demás funciones del gobierno es inevitable. Podemos no gustar de ello, pero no podemos evitarlo. O el gobierno maneja los ferrocarriles, o los ferrocarriles manejan al gobierno. No hay escape. Rechazar uno de los términos del dilema es caer en el otro.

La experiencia de nuestros Estados americanos, donde el sistema ferroviario ha llegado, al menos relativamente, al más pleno desenvolvimiento, demuestra que es imposible ninguna satisfactoria regulación de los ferrocarriles por el Estado. Un déspota de vigorosa voluntad, revestido de arbitrarios poderes, podría doblegar a tales Leviathanes; pero los gobiernos populares no pueden. El poder del conjunto del pueblo es naturalmente mayor que el poder de los ferrocarriles; pero no puede ser ejercitado fácilmente y en detalle. Hasta un pequeño interés partículas es, por razón de su inteligencia, cohesión y flexibilidad, más eficaz que una lucha por vagos y grandes intereses generales; tiene la superioridad que pertenece a una fuerza bien armada y disciplinada en lucha con una multitud. Pero por el número de sus empleados, la suma de sus ingresos y la extensión de los intereses que domina, el poder de los ferrocarriles es gigantesco. Y creciendo más de prisa que el desarrollo del país, tiende aún más de prisa a la concentración. Acaso ha nacido ya el hombre que haya de dirigir el conjunto del sistema ferroviario de los Estados Unidos, como Vanderbilt, Gould y Huntigdon, dirigen ahora grandes secciones de él.

Los políticos prácticos de todos los Estados Unidos reconocen la absoluta inutilidad de luchar con este poder ferroviario. En muchos, si no en la mayoría de los Estados, ningún hombre prudente contenderá por un puesto si cree que el poder de los ferroviarios está contra él. Sin embargo, en la directa apelación al pueblo, un poder de esta clase sería débil, y los reyes de los ferrocarriles gobiernan Estados donde en cualquier cuestión que se plantease claramente ante el pueblo serán vencidos. Es arrojando su peso sobre los directores, y manejando comités, dominando la presa, manipulando Parlamentos y llenando los escaños de éstos con hechuras suyas, como los ferroviarios ejercen mejor su poder político. El pueblo de California, por ejemplo, ha votado contra el sindicato ferroviario una y otra vez, o, por mejor decir, se ha imaginado que lo hacía así, y hasta ha adoptado una muy mala constitución nueva porque suponía que los ferrocarriles estaban contra ella. El resultado es que la gran compañía ferroviaria, de cuyo dominio California, con un área más que doble que la Gran Bretaña, no es más que una de las provincias, domina absolutamente el Estado. Los hombres que verdaderamente luchas son tomados a su servicio o aplastados, y son ejercidas, en interés de los directores ferroviarios, facultades que ningún gobierno osaría emplear. Esta compañía, cuantiosamente subvencionada en primer lugar con cosas de gran interés público, cobra del comercio, no impuestos, sino tarifas. Si un hombre se dedica a un negocio que requiere el transporte tiene que exhibir sus beneficios y tomarla como partícipe por la parte del león. Los importadores están ligados por un «convenio férreo» a facilitar a los agentes de aquélla acceso a los libros de éstos; y si hacen algo que la compañía estima contrario a sus intereses, son multados o arruinados, colocándolos en situación de inferioridad respecto de sus rivales en el negocio. Tres ferrocarriles continentales, fuertemente subvencionados por la nación con la idea de que la competencia abajaría las tarifas, han llegado y hasta el Pacífico. En vez de competir han juntado sus ingresos. La línea de vapores desde San Francisco a New-York, vía el Istmo, recibe cien mil dólares al mes por mantener los pasajes y los fletes al mismo nivel que los exigidos por los ferrocarriles, y si queréis enviar mercancías desde New-York a San Francisco por el Istmo, el medio más barato es embarcarlas primero para Inglaterra. La navegación por el interior está gravada como si las mercancías fueran llevadas primero hacia el final del camino y allí embarcadas de retorno; y aun por medio de los convenios mencionados se establecen obstáculos al comercio oceánico por barcos de vela donde quiera que choca éste con el monopolio.

Hablo de California cómo como ejemplo. EL poder de los ferrocarriles es notorio en uno y otro Estado como lo es el Gobierno Nacional. Nada puede ser más claro que, si las actuales condiciones han de continuar, el pueblo americano podría igualmente avenirse a delegar el poder político en esas grandes compañías y en sus intereses filiales. No hay modo de escapar a ello. Los directores ferroviarios no pueden mantenerse apartados de la política aunque lo quisieran. La dificultad de la cuestión ferroviaria no nace del hecho de que hombres particularmente malos hayan alcanzado el dominio de los ferrocarriles; nace de la naturaleza del negocio ferroviario y de sus íntimas relaciones con otros intereses e industrias.

Pero se dirá: si los ferrocarriles son aún ahora un elemento corruptor de nuestra política, ¿qué sería si el gobierno fuese el dueño e intentara administrarlos? ¿No es la administración notoriamente gubernamental, necesariamente corruptora e ineficaz? ¿No produciría el efecto de añadir un vasto ejército al ya gran número de funcionarios del gobierno, permitir a aquellos que alcanzan el dominio del gobierno desafiar las oposiciones y perpetuar su poder indefinidamente, y no sería, por fin, sumir el conjunto del organismo político en un desesperado lodazal de corrupción?

Mi réplica es que, por grandes que estos daños puedan ser, tenemos que afrontarlos, so pena de otros peores. Cuando un temporal lo empuja hacia la costa de sotavento, los marineros tienen que poner la vela, aun a riesgo de que el viento arranque de las jarcias la lona y de que los mástiles caigan más allá de la borda. Los peligros del viento y del mar le impelen a tomar todas las precauciones que pueda abajo y en lo alto; a prescindir de cuanto pueda disminuir las condiciones marineras de su barco; a enviar sus mejores timoneles a la rueda para no entregarse negligentemente a una segura destrucción en las rocas.

En vez de disminuir los peligros, de aumentar las funciones que el gobierno actualmente desempeña, lo que estoy tratando de señalar es la urgente necesidad de simplificar y mejorar el gobierno para que pueda asumir tranquilizadoramente las funciones adicionales que el desarrollo social le impone. No solamente es necesario impedir al gobierno que aumente en corrupción y en ineficacia, aunque esto no lo podamos logran por un apolítica negativa más de lo que el navegante podría evitar el temporal sin arribar; es necesario hacer al gobierno mucho más eficaz y mucho menos corrupto. Los peligros que nos amenazan no son circunstanciales. Nacen de una ley universal que no podemos eludir: que todo progreso acarrea nuevos daños y requiere más alta y más vigilante inteligencia. Así como el animal más altamente organizado no puede vivir, a menos que tenga un cerebro más plenamente desarrollado que el de los organismos animales más bajo, así las sociedades más altamente organizadas tienen que perecer, a menos de que apliquen al manejo de los asuntos sociales más inteligencia y más alto sentido moral. Los grandes progresos materiales que las invenciones modernas nos han permitido hacer necesitan correlativos progresos sociales y políticos. La Naturaleza no conoce ninguna «ley de protección a la infancia». Tenemos que vivir conforme a sus condiciones o dejar de existir.

Mi propósito es demostrar cuán importante es que simplifiquemos la política y mejoremos las condiciones sociales, como preliminar para demostrar cuánto puede ser realizado en todas estas direcciones por una simple gran reforma. Pero aunque me vea obligado a hacerlo brevemente, vale la pena de que, aun con brevedad, llame la atención sobre algunos principios que no deben ser olvidadas cuando se piensa en la posibilidad de que el Estado asuma funciones como la administración de los ferrocarriles.

En primero lugar, creo que puede aceptarse, como un principio comprobado por la experiencia, que todo interés considerable que tenga necesariamente relación con el gobierno es más corruptor del gobierno cuando actúa sobre este desde fuera que cuando está asumido por el gobierno. Si un barco arroja el ancla y suelta su cable en medio del Océano, aunque se encuentre aliviado de algún peso, puesto que en parte del peso del ancla y del cable será soportado por el agua, no solamente verá su avance retardado, sino que se negará a obedecer su timón y resultará completamente inmanejable. Sin embargo, incorporad como parte del barco y adecuadamente estibados a bordo el ancla y el cable; no seguirán estorbando perceptiblemente los movimientos de aquél.

Un ejército permanente es una influencia corruptora y un peligro para las libertades populares. Pero, ¿Quién sostendría que en este terreno es más discreto, si ha de conservarse un ejército permanente, que sea alistado y pagado por particulares y alquilado por estos al gobierno? Un ejército como éste sería mucho más corruptor y mucho más peligroso que uno sustentado directamente por el Estado. Y pronto haría de sus caudillos los dueños del Estado.

No creo que el servicio postal del gobierno, con sus extensas ramificaciones y sus numerosos empleados, comience a ser un factor tan importante en nuestra política o a ejercer una tan corruptora influencia como lo sería una compañía privada a quien se encomendara este servicio, y la cual contantemente o intentaría o forzaría a la política a lograr leyes favorables o a impedir las desfavorables para ella. Donde los Estado separadamente, o el gobierno general, han reemplazado con imprentas oficiales a los impresores públicos que se suministraban a sí propios el material y alquilaban su trabajo, que el resultado ha sido disminuir, no aumentar, las influencias corruptoras; y hablando en términos generales, creo que la experiencia muestra que en todas las ramas del gobierno el sistema de contratar obras y suministros ha llevado en conjunto a más corrupción que el sistema del empleo directo. La razón, a mi juicio, es que en un caso hay una concentración de intereses corruptores y de poder mucho mayor que en el otro.

La influencia, extravagancia y corrupción que comúnmente se atribuye a la administración por el gobierno, existe, en su mayor parte, en aquellos departamentos que no están sujetos a la inspección pública y que afectan poco, si es que afectan algo, a la conveniencia pública. SI los seis nuevos cruceros de acero que el persistente asedio de los contratistas ha inducido al Congreso a encargar están bien o mal construidos, nunca lo sabrá el pueblo americano, salvo lo que llegue a su noticia por medio de los periódicos. Y el hecho no afectará a su comodidad y conveniencia más que pudiera afectarle la hechura de un nuevo pantalón del sultán. Pero que las valijas del correo se extravíen o el cartero deje de hacer su carrera, y se promoverá un clamoreo. El ramo de Correos está administrado con mayor eficacia que ningún otro departamento del Gobierno Nacional, porque toca más de cerca a la gente. Puede decirse, sin exageración, que está administrado tan eficazmente como cualquier compañía privada pudiera administrar un tan vasto negocio, y a mi juicio, en su conjunto, tan económicamente. Y los escándalos y abusos que en él han acaecido lo han sido, en su mayoría, fuera de los servicios frecuentados y en cosas de que el público no tenía o apenas tiene conciencia. Igualmente, en Inglaterra, el telégrafo, la conducción de paquetes y la Caja de Ahorros están administrados por el gobierno más eficaz y económicamente que lo estaban antes por compañías privadas.

Como estos negocios –acaso más aún-, el negocio ferroviario cae directamente bajo la inspección de la gente. Toca tan de cerca al interés, a la conveniencia y a la seguridad del gran conjunto, que, bajo la administración pública, esta se vería obligada a aquella estricta y minuciosa atención que asegure la eficacia.

Me parece que, con respecto a los negocios públicos, aceptamos demasiado pronto el dicho de que solo puede lograrse un trabajo concienzudo y eficaz por la esperanza de un provecho pecuniario o por el miedo a pérdidas pecuniarias. Alcanzamos obra concienzuda y eficaz en nuestras academias e instituciones similares sin esto, para no hablar del ejército y de la marina o del ramo postal y docente de la administración pública; y sea esto como fuere, nuestros ferrocarriles están realmente manejados por hombres que, desde el guardagujas al superintendente general, no tienen otro interés pecuniario en el asunto que el ganar su sueldo, en la mayoría de los casos mezquino e insuficiente, y conservar sus puestos. Bajo la propiedad del gobierno, éstos tendrían por lo menos todos los incentivos para la conciencia y eficacia que ahora tienen, pues que la administración de los ferrocarriles por el gobierno tiene que implicar la reforma de los principios que regulan el funcionamiento social, va sin decirlo. El más decidido defensor del sistema de expoliación no tendría reparo en confiar la seguridad de sus miembros y su vida a los ingenieros y guardafrenos nombrados por la administración pública.

Miremos además a los sistemas ferroviarios tal como estos existen. Que no estén manejados en interés del público es claro. Pero, ¿están manejados en interés de sus dueños? ¿Están manejados con aquella economía, eficacia e inteligencia que se supone que son los resultados de la propiedad y el controlê privado? Por el contrario, al par que los intereses públicos están completamente menospreciados, los intereses de los accionistas, en la mayoría de los casos, apenas están mejor considerados. Nuestros ferrocarriles están realmente manejados en interés de aventureros sin escrúpulos, cuyo fin es hinchar y elevar el stock de las acciones en el mercado; por hombres que supeditan los intereses de la propiedad que ellos manejan, a sus intereses personales en otros ferrocarriles o en otros negocios; que especulan en tierras y solares; que se otorgan u otorgan a sus amigos contratos para suministro y tarifas especiales de transporte, y que con frecuencia hacen quebrar deliberadamente a las compañías que dirigen y sacan a los accionistas hasta el último céntimo. De cabo a rabo el manejo de nuestro sistema ferroviario, tal como ahora existe, confina con la estafa y el fraude.

Que los cambios ordinarios, puentes, etc., no han de rendir un beneficio ni público ni privado, es un principio aceptado, y el Estado de New-York ha ido recientemente tan lejos que ha abolido todo el derecho sobre el canal Erie, la gran vía acuática entre los lagos y el mar, a que New-York debe su preeminencia mercantil. Aspiramos meramente a que nuestro servicio postal se costee, y nadie imaginaría proponer ahora que las tarifas de correos fuesen elevadas a fin de proporcionar una renta pública, como aún la proporcionan en Inglaterra; aún menos soñaría nadie en proponer que el gobierno abandonase el servicio postal y entregara de nuevo este negocio a individuos y compañías. Al principio el servicio postal fue realzado por individuos buscando provechos. Si el sistema hubiese continuado hasta el día presente, es seguro que no hubiéramos comenzado a tener facilidades postales tan extensas y regulares como las que ahora tenemos, ni tarifas tan bajas; y todas las objeciones que ahora se alegan contra la asunción de los negocios ferroviarios por el gobierno, serían aducidas contra la conducción de cartas por el gobierno. Nunca podremos disfrutar los plenos beneficios de la invención del ferrocarril hasta que hagamos el ferrocarril propiedad pública, manejado por servidores públicos en interés público. Y así una gran causa de corrupción del gobierno, y una gran causa de monstruosas fortunas será destruida.

Cuanto hemos dicho de los ferrocarriles se aplica, naturalmente, al telégrafo, al teléfono, al suministro de gas a las ciudades, de aguas, de calor, de electricidad; en una palabra, a todos los negocios que por su naturaleza son monopolio. Hablo del ferrocarril sólo porque la magnitud del negocio hace de su asunción por el Estado la más formidable de todas las empresas.

Los negocios que por su naturaleza son monopolios, son propiamente funciones del Estado. El Estado tiene que dirigirlos o asumirlos en defensa propia y para la protección de los derechos iguales de los ciudadanos. Pero por encima de esto, el campo en que el Estado puede operar beneficiosamente como órgano ejecutivo de la gran asociación cooperativa, en que es la tendencia de la verdadera civilización convertir la sociedad, se amplía con el progreso del gobierno y el desarrollo del espíritu público. Ya hemos dado un paso importante en esta dirección con nuestro sistema de escuelas públicas. Nuestras escuelas públicas no son mantenidas para los pobres, como lo son las pensiones escolares inglesas, donde además se exige pago a todos los que puedan pagar; ni tampoco es su principal motivo la protección del Estado contra la ignorancia. Estos son motivos subsidiarios. El principal motivo para el manteniendo de nuestras escuelas públicas es que la mayor parte de nuestro pueblo encuentra en ellas los medios mejores y más económicos de educar a sus hijos.

La sociedad americana está, en efecto, organizada, por mediación del gobierno, en asociaciones docentes cooperativas, y con tan felices resultados, que en ningún Estado donde existe el sistema de escuelas públicas ha logrado respetuosa acogida ninguna proposición para suprimirlas. A pesar de la corrupción de nuestra política, nuestras escuelas públicas son, en conjunto, mucho mejores que las escuelas privadas, al par que, por la asociación en ellas de los hijos del rico y del pobre, del judío y del gentil, del protestante y el católico, del republicano y el demócrata, son de inestimable sentimientos de clase. Debe notarse de igual modo, en cuanto a nuestro sistema de escuelas públicas, que aparece nacer influencias corruptoras más bien de no haber ido bastante lejos que de haber ido demasiado lejos en el sentido de la acción del Estado. En algunos de nuestros Estados los libros empleados por los niños son facilitados a expensas públicas considerándolos propiedad de la escuela, y los alumnos los reciben al entrar en la escuela o clase y los devuelven cuando se van. En la mayoría de ellos, sin embargo, los alumnos, a menos que sus padres no puedan subvenir a los gastos, están obligados a proporcionarse sus propios libros. La experiencia ha demostrado que el primer sistema es mucho mejor, no solamente porque cuando los libros son proporcionados a todos aquellos que pueden comprárselos, se ven libres de la tentación de compadecer fingidamente a la indigencia, y no puede haber humillación por parte de aquellos que no pueden comprarlos, sino porque el número de libros requeridos es mucho menor y se pueden comprar a precios más baratos. Esto no solamente acarrea una gran economía en el común de los gastos, sino que disminuye en influencia corruptora. Porque la lucha entre grandes editores de libros de texto para conseguir que sus libros sean adoptados en las escuelas públicas, lucha en que la mayoría de ellos no sienten escrúpulos en recurrir al soborno siempre que pueden, ha contribuido mucho a degradar el carácter de las escuelas. Esta corruptora influencia sólo puede ser plenamente disipada cuando se impriman los libros de texto a expensas públicas, como ya ha sido propuesto en cierto número de Estados.

El sistema de bibliotecas públicas, que comenzando en la animosa ciudad de Boston va extendiéndose por todo el país, y conforme al cual se sostienen bibliotecas para lectores y para préstamos de libros a expensas públicas y de libros para uso público, es otro ejemplo de la triunfante extensión de las funciones cooperativas del gobierno. Lo mismo ocurre con los parques públicos y campos de recreo que comienzan a establecerse.

No solamente es posible avanzar mucho en este camino de proveer a expensas públicas a la salud, educación y recreo públicos y al público fomento de la ciencia y de la inventiva, sino que, si podemos simplificar y purificar al gobierno, se hará mucho más posible a la sociedad, en sus varias subdivisiones, obtener en otros muchos sentidos, pero en mucho menor grado, aquellas ventajas para sus miembros que sociedades cooperativas tratan de obtener. No solamente podrá ser obtenida así la economía más enorme, sino que la creciente tendencia a la adulteración y al fraude, tan fatales para la moral como para la salud, serán refrenadas, y al menos se lograría una organización de la industria tal que redujera grandemente la fuerza adquisitiva del capital acumulado, e impidiese aquellas competencias que puedan paragonarse con las guerras. El natural progreso del desarrollo social va inequívocamente hacia la cooperación, o si se prefiere emplear una palabra a la cual se atribuyen tan varios y vagos significados. La civilización es el arte de vivir las gentes en relación cada vez más estrecha. Que el género humano viva en sociedades es el evidente propósito de la mente divina, de aquella voluntad expresada en las inmutables leyes del universo físico y moral que premian la obediencia y castigan la desobediencia.

Los peligros que amenazan a la sociedad modera no son más que el reverso de los beneficios que la sociedad moderna puede alcanzar. La concentración que se efectúa en todas las ramas de la industria es una necesaria tendencia de nuestro progreso en las artes materiales. No es, en sí misma, un mal. Si en alguna cosa sus resultados son nocivos, es, sencillamente, a causa de nuestras malas disposiciones sociales. La constitución de este mundo en el que nos encontramos es tal, que un millar de hombres trabajando juntos puede producir mucho más que el mismo millar de hombres trabando aislados. Pero esto no implica necesariamente que los novecientos noventa y nueve tengan que ser esclavos virtuales del uno. Dejadme que lo repita una y otra vez, porque es, a mi juicio, la gran lección que los actuales hechos sociales imprimen sobre quien los estudia, y es de suprema importancia que los observemos. Las leyes naturales que permiten el progreso social, requieren que este progreso sea intelectual y moral lo mismo que material. Las leyes naturales que nos dan el barco de vapor, la locomotora, el telégrafo, la máquina de imprimir y las mil invenciones por las que aumenta nuestro dominio sobre la materia y las condiciones materiales, requieren una mayor inteligencia social y un más alto nivel de la moral social. Especialmente hacen más y más imperativa aquella justicia entre hombre y hombre que demanda el reconocimiento de la igualdad de los derechos naturales.

«Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia (obrando recta o justamente), y todo lo demás se os dará por añadidura.» El primer paso hacia una organización social natural y sana es asegurar a todos los hombres sus naturales, iguales e inalienables derechos en el universo material. Hacer esto no es hacer todo lo necesario, pero es hacer más fácil todo lo demás. Y mientras no hagamos esto, todo lo demás será inútil.

En este capítulo he tocado brevemente asunto cuyo total estudio exigiría mucho más espacio. Mi propósito ha sido mostrar que la simplificación y purificación del gobierno se hace más necesaria a causa de las funciones que la evolución industrial va imponiendo a los gobiernos y a ulteriores funciones que cada día se hace más evidente que sería ventajoso que el gobierno las asumiera. En los siguientes capítulos me propongo mostrar cómo reconociendo por un procedimiento practicable los iguales e inalienables derechos de los hombres al suelo de su país, los gobiernos pueden ser muy simplificados y destruidas las influencias corruptoras. Porque incontestablemente es verdad, como declaró la Asamblea francesa, que los infortunios públicos y la corrupción del gobierno fluyen de la ignorancia, desdén o violación de los derechos humanos.

Naturalmente, en este capítulo y en cualquier otro en que hable de gobierno y Estado y Sociedad, etc., uso estos vocablos en un sentido general sin referirme a las actuales divisiones políticas. Lo que propiamente perteneciese a la ciudad o distrito, al condado o al Estado o a la Nación, y a aquella federación de naciones que claramente la civilización se encamina a producir, es materia en la cual no he entrado. En cuanto a la debida organización y a la distribución de poderes, es cosa que requiere más reflexión.

 

 

La evolución económica

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Para el hombre superficial que se dedica exclusivamente a sus negocios o placeres y que no procura darse cuenta del significado de su vida ni del ciclo evolutivo que le humanidad recorre, la tremenda crisis que en todos órdenes agita al mundo entero carece de sentido, y de sorpresa en sorpresa llega a un estado de inquietud y de completo desconcierto: él, que con discernimiento infantil se cree ser el centro, el eje del Universo, y lo juzga creado para que él lo disfrute en los breves días de su vida, sin meterse en más honduras, observa con terror cómo las cosas más insólitas van ocurriendo: cómo las naciones desaparecen, cómo se derrumban o tambalean los fundamentos sociales, cómo lo que él tenía por perfectamente estable y definitivo se desmorona al ímpetu arrollador de una fuerza interna –al parecer católica y desconcertante- que ha tocado de locura a la humidad toda. Continúa leyendo La evolución económica

El concepto de la libertad –El Impuesto Único – nº 68 – Agosto 1917

La libertad, como la esclavitud, la pobreza, la depravación, la belleza, etc., es uno de aquellos conceptos que los hombres han idealizado, y le han aplicado un nombre con el objeto de usarlo con mayor facilidad en el lenguaje. No creo sea capaz de una definición. Como los elementos simples de la química, que no son compuestos de otros elementos, el concepto de libertad no es un compuesto de conceptos más simples. Pero como todas las cosas abstractas, debe significar una condición –la condición en la cual un hombre ejerce sus facultades sin que otro intervenga o se lo impida. La libertad, en su significado más amplio comprende todos los poderes o condiciones de un hombre que pueden ser afectados por la actividad o la vida de otros hombres. Vida, libertad, propiedad, consideradas como la posesión de un hombre, y las leyes que tendrían que gobernar y dirigir a los hombres en sus mutuas acciones respecto a la vida, la libertad y propiedad, deben ser determinadas por la ciencia de la política. Continúa leyendo El concepto de la libertad –El Impuesto Único – nº 68 – Agosto 1917